Avalan ley que prohíbe que niños migrantes sean llevados al INM
La Cámara de Diputados aprobó, con 398 votos a favor y ninguno en contra, el dictamen a la minuta que reforma diversos artículos de las leyes de Migración y la de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de infancia migrante.
El dictamen, remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, subraya que, en el caso de niñas, niños y adolescentes, el Estado garantizará los derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo no detenerlos por motivos migratorios.
Precisa que el Sistema Nacional DIF y los sistemas DIF de las entidades deberán identificar a los menores de edad extranjeros que requieren protección internacional, ya sea como refugiados o de algún otro tipo.
Menciona que si con motivo de la revisión migratoria se detecta que niñas, niños o adolescentes migrantes no tienen documentos que acrediten su situación migratoria, la autoridad deberá notificar inmediatamente a la Procuraduría de Protección y hacer la canalización al Sistema DIF correspondiente.
En ningún caso se llevará a cabo la presentación del menor ni se iniciará el Procedimiento Administrativo Migratorio previo a dicha notificación, establece el dictamen.
Se incorpora la definición del Centro de Asistencia Social como el establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones.
Además, incluye la definición de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados y separados. Asimismo, establece autorizar la condición de visitante por razones humanitarias a las niñas, niños o adolescentes migrantes.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Julieta Vences Valencia, señaló que se reconoce la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes como una prioridad legislativa, razón por la cual el marco jurídico nacional debe respaldarlos.
Se trata de impulsar un marco normativo sustentado en lo dispuesto en el artículo 4 Constitucional, donde se establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando plenamente sus derechos.
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