Ley Integral contra la Violencia Digital es garantía de protección para las mujeres sonorenses

Hermosillo, Sonora, octubre 01 de 2020.- Con la Ley Integral contra la Violencia Digital se da un paso muy importante hacia el reconocimiento, defensa y comprensión de las situaciones que pueden enfrentar las mujeres, expresó la diputada priista, Nitzia Gradías Ahumada.

En votación en pleno se aprobó por unanimidad la iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich y retomada en el congreso local por el Grupo Parlamentario del PRI que busca proteger a las y los sonorenses.

“Si alguien vulnera la imagen de una mujer o posee, difunde o distribuye contenido que la dañe o la lastime, entonces que enfrente a la ley y reciba un castigo severo”, afirmó, “lo que se busca es que haya consecuencias ante la violencia de la intimidad de la mujer”.

La legisladora detalló que, con esta ley, el estado estará en posibilidad de prevenir, sancionar y erradicar cada forma de violencia, garantizar el respeto a la dignidad de las mujeres y reconocer y castigar la violencia digital y el ciberacoso.

El diputado priista Luis Armando Alcalá Alcaraz dio lectura al dictamen en el que se establecen reformas a cuatro leyes del estado: el Código Penal del Estado de Sonora, el Código Civil para el Estado de Sonora, de la Ley Estatal de Responsabilidades y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, lo que amplía la protección.

Los integrantes de la bancada del PRI, celebraron la aprobación unánime y agradecieron a quienes aportaron y enriquecieron la iniciativa en trabajo de comisiones, foros y mesas de trabajo, desde diputados, colectivos feministas, funcionarios, sociedad civil, expertos, entre otros, logrando consenso con miras a mejores condiciones para las y los sonorenses.

Gradías Ahumada destacó que durante el análisis y socialización de esta propuesta, se consideró la opinión de expertos en tema jurídicos, así como de quienes tendrán que ejecutarla.

Se tomaron en cuenta además, testimonios de víctimas de violencia digital y ciberacoso, que a la fecha no han tenido justicia por no contar con un marco jurídico que alcance sus situaciones, lo que se espera no se repita, al no limitar la protección únicamente a lo relacionado con lo sexual.